Sin ley, los humedales siguen perdiendo protección
Argentina aún no tiene una ley nacional de humedales. Especialistas alertan que la falta de regulación agrava incendios, pérdida de biodiversidad y riesgos climáticos.
Argentina arrastra desde hace más de una década una deuda ambiental que vuelve periódicamente al centro del debate público: la falta de una ley nacional de humedales. A pesar de múltiples proyectos legislativos presentados en el Congreso y de años de movilización social, el país aún no cuenta con una norma que establezca presupuestos mínimos de protección para estos ecosistemas. Mientras tanto, incendios, expansión inmobiliaria, ganadería intensiva y cambios en el uso del suelo continúan presionando sobre territorios clave para la biodiversidad y la regulación del agua.
Los humedales cumplen funciones ecológicas fundamentales. Actúan como “esponjas naturales” que absorben el exceso de agua durante lluvias intensas o crecidas de ríos, reduciendo el riesgo de inundaciones en ciudades y zonas rurales. Además, funcionan como filtros naturales que mejoran la calidad del agua y son hábitat de miles de especies de flora y fauna. En Argentina se estima que estos ecosistemas ocupan cerca del 21% o 23% del territorio nacional, incluyendo ambientes tan diversos como el Delta del Paraná, los Esteros del Iberá, lagunas altoandinas o turberas de la Patagonia.
A pesar de su importancia ambiental, social y económica, el país aún no ha logrado aprobar una legislación nacional específica que garantice su protección. Argentina adhirió en 1991 a la Convención Ramsar, un tratado internacional que promueve la conservación de los humedales y el uso racional de estos ecosistemas. Sin embargo, la normativa internacional no se tradujo en una ley nacional que establezca reglas claras para su conservación y manejo sostenible. En distintas ocasiones, proyectos legislativos obtuvieron media sanción en el Senado, pero terminaron perdiendo estado parlamentario en la Cámara de Diputados.
La ausencia de regulación adquiere mayor relevancia en un contexto de crisis climática y eventos extremos cada vez más frecuentes. Especialistas advierten que la degradación de humedales aumenta la vulnerabilidad de las ciudades frente a inundaciones y sequías, dos fenómenos que se intensifican con el cambio climático. Además, la pérdida de estos ecosistemas implica una disminución de la biodiversidad y de la capacidad natural de capturar carbono, un servicio ecosistémico clave para mitigar el calentamiento global.
El Delta del Paraná se convirtió en uno de los ejemplos más visibles de esta problemática. Durante los últimos años, los incendios recurrentes en las islas frente a ciudades como Rosario o San Nicolás generaron episodios de humo persistente que afectaron la salud de millones de personas. Ambientalistas y científicos sostienen que estos incendios no son solo producto de condiciones climáticas, sino también de cambios en el uso del suelo vinculados a actividades productivas y a la expansión de emprendimientos inmobiliarios.
En ese contexto, organizaciones socioambientales impulsan desde hace años la sanción de una ley que establezca un inventario nacional de humedales y defina criterios para su uso sostenible. Según especialistas, uno de los puntos centrales del debate es cómo equilibrar la conservación ambiental con las actividades productivas que actualmente se desarrollan en estos territorios, como la ganadería o el turismo. Desde algunos sectores productivos se sostiene que la regulación podría afectar economías regionales, mientras que investigadores y organizaciones ambientales advierten que la falta de reglas claras genera impactos ecológicos irreversibles.
El ingeniero agrónomo Pablo Mercuri, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), sostuvo en una exposición en el Congreso que los humedales son territorios donde viven y trabajan comunidades productivas, por lo que cualquier legislación debe contemplar también su dimensión social y económica. “Todos los humedales de Argentina tienen sistemas productivos y gente que depende de sus servicios ecosistémicos”, explicó durante una reunión informativa en la Cámara de Diputados.
Sin embargo, para organizaciones ambientales y especialistas en conservación, la falta de una ley nacional sigue siendo uno de los principales obstáculos para la gestión sostenible de estos ecosistemas. Diversos estudios advierten que América Latina ha perdido cerca del 59% de sus humedales desde la década de 1970, una tendencia vinculada principalmente a cambios en el uso del suelo, urbanización y expansión agropecuaria. En Argentina, la presión sobre estos ambientes se intensifica por el crecimiento de proyectos inmobiliarios, el avance de la frontera agropecuaria y las actividades extractivas.
Para muchos expertos, el desafío no es solo sancionar una ley, sino diseñar un marco normativo que permita ordenar el territorio y prevenir conflictos socioambientales antes de que ocurran. La experiencia internacional muestra que los países que lograron proteger sus humedales cuentan con políticas públicas integrales que combinan regulación ambiental, planificación territorial y participación ciudadana.
Mientras tanto, el reclamo social sigue creciendo. Organizaciones ambientales, científicos, universidades y colectivos ciudadanos insisten en que la sanción de una ley de humedales es una herramienta clave para garantizar la seguridad hídrica, proteger la biodiversidad y fortalecer la resiliencia frente al cambio climático. En un país atravesado por sequías históricas, incendios forestales y eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes, la protección de estos ecosistemas podría convertirse en una de las políticas ambientales más estratégicas para el futuro.
Porque, en definitiva, defender los humedales no es solo una cuestión ecológica: es también una decisión sobre cómo proteger el agua, la salud y la calidad de vida de millones de personas.
