Alertan que reformar la Ley de Glaciares amenaza el agua
El Congreso argentino debate cambios en la Ley de Glaciares que podrían habilitar minería en zonas protegidas. Ambientalistas advierten por riesgos al agua.
El debate por la reforma de la Ley de Glaciares volvió a instalarse con fuerza en la agenda pública argentina y promete convertirse en uno de los principales conflictos ambientales del año. El Congreso inició el tratamiento de un proyecto que modifica la norma vigente desde 2010, considerada una de las principales herramientas para proteger las reservas estratégicas de agua del país. Mientras el Gobierno y sectores productivos defienden los cambios como una oportunidad para atraer inversiones mineras, especialistas y organizaciones socioambientales advierten que la iniciativa podría poner en riesgo ecosistemas clave para el abastecimiento de agua y el equilibrio climático.
La discusión legislativa se intensificó luego de que el Senado otorgara media sanción al proyecto, que ahora debe ser debatido en la Cámara de Diputados para convertirse en ley. La reforma apunta a modificar el alcance de las zonas protegidas por la normativa actual, lo que permitiría ampliar las actividades extractivas —principalmente minería y explotación hidrocarburífera— en áreas consideradas estratégicas por su función hídrica. El oficialismo sostiene que el cambio busca destrabar inversiones millonarias en cobre y litio, minerales claves para la transición energética global y el desarrollo de nuevas tecnologías.
La Ley de Glaciares protege actualmente cerca de 17.000 cuerpos de hielo distribuidos en la cordillera argentina. Estos glaciares cumplen un rol fundamental como reservas naturales de agua dulce, reguladores del ciclo hidrológico y ecosistemas que sostienen biodiversidad en regiones de alta montaña. Además, su conservación se vincula directamente con la seguridad hídrica de poblaciones, sistemas productivos agrícolas y ciudades que dependen del agua proveniente de las cuencas andinas. En un contexto de crisis climática global y retroceso acelerado de los glaciares, científicos y especialistas sostienen que su protección resulta cada vez más estratégica.
El debate legislativo no se limita a una discusión técnica: también revela un conflicto estructural entre dos modelos de desarrollo. Por un lado, sectores empresariales y gobiernos provinciales vinculados a la actividad minera consideran que la normativa actual restringe inversiones que podrían generar empleo, exportaciones y crecimiento económico. Según este argumento, flexibilizar algunos aspectos de la ley permitiría aprovechar la creciente demanda internacional de minerales estratégicos vinculados a la transición energética.
Por otro lado, organizaciones ambientales advierten que la reforma podría implicar un retroceso en la protección de bienes naturales fundamentales. Entidades como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpeace Argentina y Aves Argentinas impulsaron pedidos de participación ciudadana en el debate legislativo y reclamaron audiencias públicas abiertas antes de cualquier modificación normativa. Para estas organizaciones, la discusión sobre los glaciares no es solo ambiental, sino también social y económica, ya que involucra el acceso al agua para millones de personas.
El abogado ambientalista Andrés Nápoli, director de FARN, advirtió que la reforma debe analizarse en el contexto del cambio climático y del retroceso de los glaciares en todo el mundo. “Los glaciares son reservas estratégicas de agua y cumplen funciones ecosistémicas esenciales. Cualquier modificación normativa debe evaluarse con extremo cuidado porque el impacto puede ser irreversible”, señaló el especialista en distintos foros ambientales durante los últimos días del debate legislativo.
La presión social para ampliar el debate también llevó al Congreso a convocar audiencias públicas para los días 25 y 26 de marzo. En esas jornadas podrán participar especialistas, organizaciones civiles, comunidades locales y representantes del sector productivo, con el objetivo de ampliar la discusión antes de que el proyecto llegue al recinto para su votación final. Este mecanismo busca garantizar mayor transparencia y participación ciudadana en una decisión que podría tener efectos ambientales y económicos de largo plazo.
El caso argentino refleja además una tensión que atraviesa a muchos países de América Latina: cómo equilibrar el desarrollo económico basado en recursos naturales con la protección de ecosistemas estratégicos. En particular, la creciente demanda mundial de minerales para la transición energética —como litio, cobre o tierras raras— está reconfigurando el mapa geopolítico de los recursos naturales. Esto genera oportunidades económicas, pero también nuevos riesgos ambientales si la explotación no se realiza bajo estándares de sostenibilidad.
Para muchos analistas, el verdadero desafío no es elegir entre minería o ambiente, sino definir reglas claras que garanticen desarrollo económico sin comprometer el patrimonio natural ni los derechos de las generaciones futuras. En ese sentido, el debate por la Ley de Glaciares podría convertirse en un punto de inflexión para la política ambiental argentina y para la manera en que el país gestiona sus recursos naturales en el contexto de la transición energética global.
Mientras el Congreso se prepara para continuar la discusión en las próximas semanas, la sociedad civil, la comunidad científica y diversos sectores productivos siguen atentos a una pregunta clave: ¿es posible impulsar desarrollo económico sin poner en riesgo las reservas de agua que sostienen la vida en la cordillera y en gran parte del territorio argentino?
Porque, en última instancia, el debate sobre los glaciares no trata solo de hielo o minería. Trata del modelo de futuro que un país decide construir.
